RED POR LOS DERECHOS HUMANOS MENDOZA
Tweet
FRENTE A LA SITUACIÓN DE LAS CÁRCELES MENDOCINAS Queremos manifestar nuestra extrema preocupación por la situación de las cárceles de Mendoza. Casi 5000 personas se encuentran detenidas en los complejos, unidades y alcaidías, y muchas de ellas han estado manifestándose a través de huelgas de hambre y reclamos colectivos para la urgente resolución de libertades y domiciliarias, así como para contar con condiciones dignas y seguras. Los reclamos por agua, luz, entrega de elementos de higiene y limpieza, atención médica y contacto con familiares han sido comunes y generalizados. Nuestra intención es hacer un llamado a las máximas autoridades de los poderes de la Provincia de Mendoza, en función de la gravedad y la urgencia que esta situación amerita. La crisis habitacional y sanitaria, sumada al deficiente acceso a la justicia que caracteriza a las cárceles, producto de la acumulación de políticas restrictivas y punitivistas, se profundizan con la pandemia. Las medidas de prevención tomadas resultan insuficientes, aún más en el supuesto de que el virus ingresara a las cárceles. Dado el hacinamiento, las condiciones de higiene y la cantidad de personas con un estado de salud agravado, la proliferación del virus resultaría en un desastre humanitario. Ese es el principal motivo de la urgencia: la necesidad de prevenir. En el caso de las y los jóvenes alojados en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ, ex-COSE), entendemos que el Poder Ejecutivo debe garantizar la máxima operatividad de los equipos encargados de elaborar propuestas de externación; que no debe privar de libertad por razones sanitarias a quienes ingresan a hogares de medidas alternativas; que es necesario que el Poder Judicial garantice que las audiencias preliminares no se retrasen por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Es importante que se dé cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) y se separe del contacto con los y las jóvenes a los trabajadores imputados penal o administrativamente por tortura y malos tratos. Es urgente implementar medidas penales en territorio de todos las y los jóvenes alojados en dicha institución, dado que las condiciones de cuarentena ya establecen la no circulación. Es necesario, por ello, tomar decisiones que reduzcan rápidamente el alto riesgo de contagio en los presidios y descomprimir la superpoblación analizando caso por caso. Entendemos que a quienes están por violencia de género, abuso sexual y femicidio, la Justicia no debe favorecerlos con la prisión domiciliaria sino garantizar las condiciones sanitarias para resguardo de su salud, ya que liberarlos sería mayor riesgo para las víctimas, atento a que su posible retorno a un domicilio puede poner en serio riesgo de vida a las personas que han sufrido los hechos por los que se encuentran presos. Las personas, liberadas o presas en sus casas, requieren ‒además‒ del acompañamiento del Estado. Esto se debe a que las condiciones de precariedad, desempleo y necesidad que viven los sectores populares es angustiante y generalizada. Una realidad de particular interés es la de mujeres y mujeres con niños y niñas en las cárceles, colectivo en mayor situación de vulnerabilidad que requiere abordaje prioritario. La falta de visitas en estos casos tiene efectos multiplicados en ellas y sus familias. No desconocemos las medidas tomadas, tanto en las cárceles como en la Justicia, pero claramente resultan insuficientes ante la urgencia. Es por ello que conminamos a los poderes a dar su mayor esfuerzo en orientarse a resultados rápidos para descomprimir la situación y evitar un acrecentamiento de la violencia ‒como ha ocurrido en otras provincias‒ o el contagio masivo. Los sucesivos reclamos que recibimos o se hacen públicos son expresión de la gravedad y la urgencia de la situación. Las personas detenidas ponen en riesgo su integridad física y su vida en huelgas de hambre y protestas, sin otro fin que el de visibilizar la crítica situación en la que viven. De esto nos hacemos eco aquí, multiplicando su reclamo e intentando hacerlo escuchar, solicitamos que la resolución de dichos conflictos sea en el marco del diálogo y el respeto por los derechos humanos y nunca a través de mecanismos generadores de mayor violencia. Los hechos ocurridos en los penales de El Borbollón y de Boulogne Sur Mer han evidenciado la urgencia. La respuesta represiva merece el más profundo repudio así como la debida investigación. Situaciones como estas no pueden ocurrir nuevamente. Es por ello que valoramos la conformación de mesas de diálogo e instamos a que este sea el método: la escucha, el diálogo y la agilización de los procesos administrativos y judiciales. Es tiempo de emergencia y de urgencia en la reacción. Es momento de que los poderes de la Provincia, como garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, actúen con la premura que el escenario actual exige, tomando las medidas necesarias para revertir los índices de sobrepoblación existente en las cárceles mendocinas, que colocan al colectivo de personas privadas de libertad en una clara situación de mayor riesgo frente al COVID-19, como también a sistemáticas vulneraciones de sus derechos.
