El Senado sancionó la ley de Regularización de Armas de Fuego con 40 votos a favor y 26 en contra, en una votación que fue más compleja de lo previsto: a pedido del peronismo, el temario se repartió en cuatro votaciones separadas, y el artículo 4° —que prorroga el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2027— fue el único que obtuvo apoyo unánime de los 66 senadores presentes. El resto del articulado se aprobó con la coalición oficialista: LLA, UCR, PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales. El peronismo votó en contra de los artículos centrales aunque acompañó el de entrega voluntaria, que lleva décadas de consenso transversal y gobiernos de todos los colores.
La norma que acaba de ser ley tiene una historia larga. Fue fomentada originalmente por Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad y obtuvo media sanción en Diputados en octubre de 2024 con 142 votos a favor. Desde entonces esperaba su turno en el Senado, donde el expediente corría riesgo de perder estado parlamentario si no se aprobaba en el corto plazo. El Gobierno necesitaba que saliera esta semana o repetir todo el trámite legislativo. Salió. Pero el timing no fue el mejor.
El oficialismo defendió la iniciativa con el argumento de que tener más armas registradas equivale a más trazabilidad y más control estatal. Bullrich, ahora como jefa del bloque en el Senado y principal impulsora política del proyecto, fue la voz más activa: "El arma registrada es el arma trazable. Con las amenazas en las escuelas, este sistema nos protege absolutamente. Si hay una amenaza, las provincias pueden saber si las familias tienen o no armas". Y aprovechó para apuntar a los tres distritos que no adhirieron al sistema digital de trazabilidad: Formosa, Tierra del Fuego y La Rioja —los tres gobernados por gestiones enfrentadas al gobierno de Milei.