El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que plantea una revisión profunda del sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral, con el objetivo de reforzar los controles, redefinir los criterios de acceso y reorganizar el esquema de financiamiento.
La iniciativa, que ingresó por el Senado, apunta a intervenir sobre un régimen que experimentó un crecimiento sostenido en los últimos años: la cantidad de beneficiarios pasó de 76 mil en 2003 a cerca de 1,2 millón en 2023, según datos oficiales incluidos en el proyecto.
Desde el Ejecutivo sostienen que este aumento estuvo acompañado por irregularidades en la asignación de beneficios, detectadas tanto en investigaciones administrativas como judiciales. Entre ellas se mencionan falta de acreditación médica suficiente, inconsistencias en los datos personales y domicilios inexistentes, lo que -según el diagnóstico oficial- afectó la equidad del sistema