GERIÁTRICOS

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La comisión de Salud Pública, que preside Daniel Llaver (UCR), continuó con la revisión de toda la legislación vigente en torno al funcionamiento de los geriátricos en la provincia, teniendo en cuenta los cambios que se han producido en la actividad luego de la pandemia de Covid, fundamentalmente, para analizar luego la necesidad o no de una nueva normativa.

 

Para el caso, concurrió a dialogar con los legisladores Fernando Dotto, Director de Recursos Físicos y Habilitaciones de la cartera sanitaria provincial, con quien se abordaron diferentes aristas que tiene la temática y a quien le consultaron sobre la regulación y funcionamiento de estos establecimientos gerontológicos y qué denuncias o inquietudes han podido recepcionar.

En términos generales, indicaron en la reunión que no se quiere “rigidizar” los procesos para la habilitación de estos establecimientos, aunque sí se busca que se cumpla con la normativa nacional y que “lo mínimo es que tengan los pacientes o residentes un seguimiento de su asistencia; y que cuenten con su certificado cada uno de ellos, más si son dependientes”.

Aclararon que la búsqueda que realizan es mantener los preceptos que tiene la legislación nacional, tratando de no generar normativas provinciales propias, y ajustarse a las disposiciones de PAMI, que ha sufrido, a su vez, modificaciones en su funcionamiento a partir de los cambios producidos por el nuevo gobierno nacional desde diciembre de 2023.

Argumentó Dotto que uno de los inconvenientes identificados es “la falta de personal, personal especializado y entender lo que es tener un adulto mayor a cargo” con sus necesidades específicas, más allá de las propias patologías que pueda tener. Sostuvo que algunos inconvenientes se dan con los establecimientos más chicos (de menos residentes) por las habilitaciones que deben cumplir para funcionar en regla sea por temas edilicios o por atención específica a las personas que allí residen.

Dotto manifestó que ante algunos sucesos dados por el desconocimiento en la atención especial del adulto mayor, su dependencia trabaja en colaboración con Derechos Humanos de la provincia, en virtud de poder dar respuesta a situaciones de maltrato o de “no buenos tratos” en determinadas ocasiones, sea por la o las patologías que padezca la persona o por ignorancia frente a distintos cuidados.

Ante la consulta de los legisladores, el funcionario indicó que mucho ha cambiado desde la pandemia atravesada en 2020. Remarcó que actualmente serán entre 350-400 los establecimientos registrados, inclusive quienes han iniciado trámites de habilitación, y que han disminuido considerablemente las denuncias por “geriátricos clandestinos”.

Asimismo, aseguró Dotto que un requerimiento que solicitan para la habilitación de estos establecimientos es que exista un director médico, el cual es civil y penalmente responsable, independientemente del propietario del lugar.

Para finalizar, indicó que el trámite de la habilitación se puede iniciar a partir del municipio en el que se localiza el establecimiento o desde el ministerio, pero es inevitable y además, obligatorio, que el trámite se realice ante el ministerio.

En conclusión, coincidieron en la mesa en que quizás no es tan necesaria una nueva  ley provincial sino más bien adecuarse a la normativa nacional, que haya una reglamentación específica y una resolución ministerial en donde se consideren los puntos dialogados. De todos modos, Dotto indicó que los proyectos referidos a la regulación provincial “vienen bien para considerar cómo se engloban varias cosas y aristas; y todo dado a partir de las quejas y/o sugerencias que recibimos como las que ustedes (legisladores) nos trasladan”.

Al finalizar, quienes integran la comisión manifestaron que continuarán con el estudio de las normativas, que tomarán en consideración todo lo dialogado en esta reunión y prevén invitar a próximos encuentros a otros actores del sistema para tener la óptica desde todas las aristas.