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EL CASO DE LOS AUDIOS

Elisa Carrió, junto a la diputada Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes, plantó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para impulsar el juicio político del juez federal Alejandro Patricio Maraniello

El magistrado dictó una cautelar que prohíbe la difusión de chats, audios, fotos y videos atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Para la Coalición Cívica, esa orden constituye un caso de censura previa y una violación al derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión.

Carrió y sus aliados sostienen que la resolución fue adoptada sin analizar el contenido de las filtraciones, lo que la convierte en un fallo arbitrario. Además, plantearon que el juez sostiene una relación de connivencia con el Ejecutivo, en especial con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, a quien señalaron por buscar tapar procesos disciplinarios abiertos contra Maraniello en el propio Consejo.

La denuncia también apunta al rol del magistrado como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), entidad que recibe aportes de laboratorios como HLB Pharma y Ramallo, señalados por su implicación en el caso del fentanilo adulterado. Según la presentación, estos vínculos provocan un grave conflicto de intereses.

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