PREPAGAS

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Ya se comunicaron las bases del acuerdo firmado entre 35 empresas de medicina prepaga y el Gobierno nacional. El arreglo ordena que las mismas deberán devolver a los afiliados los importes cobrados en exceso y por arriba del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero, el camino no sería el más conveniente para los clientes que optan por judicializar las causas.

 

Según información obtenida en el último Censo, en Argentina hay 27.787.124 personas que tienen obra social o prepaga (incluye PAMI). De ese grupo, una porción importante sufrió el impacto de los aumentos desmedidos que se dieron con la liberación de los precios de las cuotas según el único criterio del prestador y sin ningún tope ni control.

El Gobierno nacional y la Justicia reaccionaron al conflicto que derivó en la judicialización de muchas causas como solución a la vulneración de derechos y acceso a la salud. En un primer momento, se dio una medida para que las empresas devuelvan el dinero que fue cobrado de manera indiscriminada a los afiliados, pero tras esa orden, los responsables de las principales prepagas interpusieron un recurso en la Justicia logrando la suspensión del plazo que tenían para retrotraer los aumentos y devolver el dinero.